La empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, conocida comercialmente como Playaparq, retiró el sistema de bicicletas públicas en Playa del Carmen, situación que volvió a generar críticas en torno al modelo de concesión de parquímetros en el municipio.
El director de Supervisión de Movilidad explicó que la empresa argumentó que la parte correspondiente al sistema de bicicletas ya había vencido dentro del convenio establecido con el Ayuntamiento.
Por ello, decidió retirar las unidades que operaban como parte del esquema de movilidad urbana.
Asimismo, señaló que la concesionaria justificó la medida asegurando que el programa había dejado de ser rentable debido a una supuesta disminución en el uso de bicicletas por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, el retiro del sistema reactivó cuestionamientos hacia Playaparq, debido a que mientras la empresa mantiene intacta la operación y recaudación de los parquímetros, eliminó uno de los servicios que originalmente fue presentado como un beneficio de movilidad para la ciudad.
Tun Centeno reconoció además que el Ayuntamiento no recibió una notificación formal previa sobre el retiro de las bicicletas públicas.
Indicó que las autoridades municipales tuvieron conocimiento de la situación cuando el sistema ya había sido desmontado.
El funcionario también admitió que la concesión deja únicamente un porcentaje reducido de ingresos para el municipio, mientras la mayor parte de los recursos permanece en manos de la empresa.
Esta situación, señaló, ha generado inconformidad entre ciudadanos afectados por multas, inmovilizadores y sanciones que en algunos casos han sido señaladas como controvertidas.
La polémica en torno a Playaparq también creció tras recientes denuncias ciudadanas viralizadas en redes sociales por supuestos cobros indebidos y colocación de “arañas” a vehículos cuyos conductores aseguraban contar con tiempo pagado vigente.
Aunque el funcionario indicó que actualmente existen mesas de diálogo con la concesionaria, también reconoció que modificar o cancelar el contrato resultaría complicado debido a los compromisos legales existentes.
Finalmente, explicó que la concesión tendría vigencia hasta aproximadamente el año 2033, manteniendo por varios años más un modelo que actualmente es cuestionado por distintos sectores ciudadanos al considerar que beneficia principalmente a la empresa antes que a la población.
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