Colectivos feministas del estado manifestaron su respaldo a Megan, una mujer extranjera que presuntamente ha sido víctima de violencia institucional, situación que también pone en riesgo la integridad de su hija.
Durante una rueda de prensa, activistas exigieron a las autoridades garantizar el derecho de la víctima a una vida libre de violencia, además de atender de manera urgente el caso, ante posibles omisiones e irregularidades en el acceso a la justicia.
De acuerdo con la abogada defensora de derechos humanos, Ariadne Song, la víctima ha sido revictimizada por instituciones encargadas de procurar justicia, señalando además la falta de perspectiva de género en el proceso judicial.
Indicó que, pese a existir indicios de riesgo y solicitudes de protección por parte de la fiscalía especializada, un juez habría negado medidas cautelares, lo que incrementa el peligro para la mujer y su hija.
Asimismo, denunció la presunta reclasificación de delitos graves, como feminicidio, hacia figuras menores como violencia familiar, lo que representa —dijo— una minimización de la gravedad del caso.
La defensora también cuestionó que la víctima haya tenido que recurrir a recursos propios para acceder a representación legal y medidas de protección, mientras que su presunto agresor continúa avanzando en procesos legales en su contra, evidenciando un posible desequilibrio en la impartición de justicia.
Finalmente, colectivos hicieron un llamado al fiscal general Raciel López Salazar, al Poder Judicial y a autoridades estatales y municipales para revisar el actuar de jueces y fiscales, así como garantizar medidas de protección efectivas, en un contexto donde persiste la alerta de género y continúan señalándose prácticas de revictimización en las fiscalías especializadas.
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