La revisión de la llamada “Ley Chaleco” continúa en análisis dentro de las comisiones legislativas del Congreso de Quintana Roo, en medio de cuestionamientos sobre su aplicación y sobre el procedimiento que dio origen a la norma. El Poder Legislativo mantiene abierto el expediente para determinar si requiere modificaciones de fondo o una nueva ruta jurídica que garantice su operación correcta y el respeto a los derechos ciudadanos.
Así lo informó la diputada local Lilia Mis Martínez, quien señaló que el proceso legislativo debe retomarse con diálogo amplio y participación de todos los sectores, especialmente de usuarios de motocicletas, quienes han expresado preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos. Subrayó que la falta de comunicación entre autoridades y motociclistas ha generado conflictos, por lo que insistió en que cualquier decisión debe construirse de manera consensuada.
La legisladora sostuvo que las leyes no son instrumentos rígidos y pueden ser ajustadas cuando existe voluntad política y claridad técnica. Afirmó que escuchar a organizaciones, cámaras y ciudadanía es indispensable para evitar nuevas omisiones legislativas como las señaladas por el juez federal que concedió un amparo previo, donde se evidenció un procedimiento deficiente en la aprobación original de la norma.
Finalmente, Mis Martínez reiteró que la prioridad debe ser la seguridad vial y el respeto a los derechos humanos, sin favorecer a grupos específicos. Subrayó que el Congreso debe enfocarse en construir una regulación equilibrada, que atienda la prevención de accidentes sin vulnerar libertades individuales y que permita emitir una ley sólida, funcional y aceptada por toda la ciudadanía de Quintana Roo.
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