La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen informó que la intervención policial en un domicilio de la ciudad, específicamente en la colonia Luis Donaldo Colosio, se realizó en cumplimiento de una orden judicial derivada de un litigio entre particulares, descartando que se trate de una acción arbitraria o instruida por alguna autoridad municipal o estatal, por lo que la dependencia subrayó que su participación obedeció exclusivamente a la obligación legal de brindar apoyo para ejecutar una resolución emitida por un juez.
En conferencia de prensa, Carlos Alberto Montesinos García, secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, explicó que el uso de la fuerza pública está contemplado dentro de las facultades judiciales para garantizar el cumplimiento de resoluciones legales, de modo que la actuación de los elementos fue motivada por una situación de riesgo, luego de que los ocupantes del inmueble presuntamente mostraran una actitud agresiva y contaran con objetos peligrosos como piedras, machetes, bombas molotov e incluso un cilindro de gas con el que amenazaban provocar una explosión.
El funcionario indicó que previo a la intervención policial, un actuario judicial realizó el procedimiento correspondiente para solicitar el desalojo voluntario, sin embargo, esta indicación fue ignorada, lo que derivó en un escenario de confrontación, entre los ocupantes, vecinos y elementos policíacos. Ante ello, la policía actuó para contener la situación y evitar riesgos mayores, tanto para los involucrados como para terceros, incluyendo vecinos y un plantel educativo cercano.
Asimismo, reconoció que los videos difundidos en redes sociales han generado cuestionamientos sobre el actuar de los elementos, por lo que aseguró que cualquier posible exceso será investigado por las instancias correspondientes, y que, en caso de comprobarse irregularidades, los servidores públicos involucrados deberán asumir las consecuencias legales, reiterando la disposición de la dependencia para colaborar con las investigaciones.
Por su parte, José Antonio Nieto Bastida, director jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detalló que la intervención se originó a partir de una orden emitida por el Juzgado Primero Civil del Poder Judicial de Quintana Roo, dentro de un juicio ordinario civil iniciado en 2019.
Explicó que el caso derivó en un proceso de amparo federal que ordenó la ejecución material de la sentencia, incluyendo el uso de la fuerza pública para garantizar la entrega del inmueble; no obstante, este no se concluyó al replegarse las fuerzas del orden.
El funcionario precisó que tanto el juzgado civil como la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaban obligados a cumplir con la resolución judicial, bajo apercibimiento de sanciones económicas en caso de incumplimiento.
En ese sentido, reiteró que la participación de la corporación se limitó a brindar el apoyo necesario para llevar a cabo la diligencia conforme a lo establecido por la autoridad competente.