Los vecinos tienen derecho a conocer y opinar sobre los proyectos que podrían generar impactos ambientales en su comunidad. Pero ¿qué sucede cuando el proceso para participar presenta obstáculos?
Esta es la controversia que continúa alrededor del proyecto de la empresa Sunnex, ubicado en la colonia Nicte Ha de Playa del Carmen.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, conocido como CEMDA, mantiene el seguimiento jurídico del caso al considerar que la consulta pública realizada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) no garantizó adecuadamente la participación ciudadana.
Aarón Hernández Siller, director regional de la oficina Sureste del CEMDA, explicó que la organización obtuvo previamente una sentencia favorable del Primer Tribunal Colegiado de Circuito.
De acuerdo con el representante ambientalista, el amparo fue concedido porque inicialmente no se había abierto un procedimiento de consulta pública que permitiera a la población conocer y presentar observaciones sobre el proyecto.
Después de esa resolución, la SEMA dejó sin efectos la autorización anterior y abrió un proceso de consulta.
Sin embargo, Hernández Siller aseguró que la forma en que se desarrolló el procedimiento presentó diversas deficiencias.
Entre ellas mencionó una difusión limitada de la convocatoria, lo que, desde la perspectiva del CEMDA, dificultó que más ciudadanos se enteraran de la oportunidad de participar.
También señaló que la información del proyecto no estuvo disponible en condiciones adecuadas para su revisión en Playa del Carmen.
A esto se sumó un hecho que la organización considera especialmente preocupante.
Según Hernández Siller, durante el último día del procedimiento se registró un cambio de instalaciones de la dependencia sin aviso previo, situación que habría complicado la entrega de observaciones ciudadanas.
Por estas razones, el CEMDA sostiene que la realización formal de una consulta no significa necesariamente que se hayan cumplido las obligaciones derivadas de la sentencia judicial.
Pero los cuestionamientos no terminan en el proceso de participación ciudadana.
El director regional también expresó preocupación por el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental, documento mediante el cual se presentan las características de un proyecto y sus posibles efectos sobre el entorno.
De acuerdo con el CEMDA, la información disponible presenta deficiencias relacionadas con la descripción de las obras y el tratamiento de las aguas residuales.
Hernández Siller señaló que estos aspectos requieren una evaluación detallada, especialmente por las posibles consecuencias ambientales de las descargas.
Además, planteó que, por las características del proyecto y la posibilidad de afectar cuerpos de agua de jurisdicción federal, la evaluación ambiental podría corresponder a autoridades federales y no únicamente estatales.
Esta interpretación forma parte de los argumentos jurídicos de la organización y todavía requiere ser determinada por las autoridades competentes.
El caso también cuenta con antecedentes de denuncias relacionadas con presuntas descargas de aguas residuales al drenaje y a la vialidad de la zona.
Sin embargo, estos señalamientos no deben confundirse con una determinación definitiva de responsabilidad ambiental.
Ante este escenario, Hernández Siller informó que el CEMDA solicitó información para conocer si existe una nueva resolución administrativa o autorización ambiental relacionada con Sunnex.
Explicó que también esperan conocer el pronunciamiento judicial sobre el cumplimiento de la sentencia obtenida anteriormente.
En caso de que se haya emitido una nueva autorización, la organización revisará su contenido para determinar si existen elementos que justifiquen nuevas acciones legales.
Por ahora, el CEMDA considera que las obligaciones de participación ciudadana no han sido satisfechas adecuadamente.
En la información proporcionada no se incluye una respuesta de Sunnex ni de la SEMA a estos señalamientos, y tampoco se confirma que exista una nueva autorización ambiental vigente.
La controversia plantea dos asuntos centrales: si la población tuvo una oportunidad efectiva de participar y si la evaluación ambiental corresponde a la autoridad competente.
Mientras se resuelven estos puntos, el CEMDA continuará dando seguimiento al expediente y al cumplimiento de la sentencia.
La discusión no es solamente si se realizó una consulta pública, sino si los ciudadanos realmente pudieron informarse y participar antes de que se tomaran decisiones sobre el proyecto.
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