El crecimiento de las rentas vacacionales en Playa del Carmen ha generado la necesidad de establecer una mayor supervisión y ordenamiento de los inmuebles que ofrecen servicios de hospedaje a turistas.
Enrique Domínguez, integrante del Consejo Inmobiliario de Quintana Roo, señaló que la regulación permitirá identificar las unidades que operan formalmente, mejorar las condiciones de seguridad para los huéspedes y establecer reglas más equilibradas frente a la industria hotelera.
Explicó que los propietarios deberán cumplir con diferentes requisitos para mantener sus inmuebles dentro de este mercado, entre ellos contar con licencia de funcionamiento, atender las disposiciones establecidas por Protección Civil y cumplir con las obligaciones relacionadas con el Derecho de Saneamiento Ambiental.
El empresario consideró que estas medidas contribuirán a ordenar una actividad que ha registrado un crecimiento importante durante los últimos años y que actualmente representa una parte relevante de la oferta de alojamiento disponible en el destino.
Las rentas vacacionales también han influido en el desarrollo inmobiliario, debido a que la demanda de este tipo de hospedaje impulsó durante los últimos años la construcción y comercialización de condominios y departamentos destinados total o parcialmente a este modelo.
Domínguez explicó que este esquema se ha consolidado como una alternativa para viajeros que buscan características diferentes a las ofrecidas por los hoteles tradicionales.
Recordó que en 2022 se estimaba la existencia de entre 11 mil y 12 mil unidades de renta vacacional en Playa del Carmen; sin embargo, aclaró que actualmente las condiciones del mercado son diferentes y algunos propietarios han optado por destinar sus inmuebles a otras modalidades.
Ante este escenario, consideró importante contar con información actualizada que permita conocer la verdadera dimensión de este segmento y determinar cuántas unidades permanecen activas dentro del mercado turístico.
Finalmente, señaló que una regulación efectiva puede contribuir a elevar los estándares de seguridad, fortalecer la formalidad y mantener el atractivo del mercado inmobiliario, particularmente para aquellos inversionistas y propietarios que cumplan con las disposiciones municipales.
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