Un padre de familia avecindado desde hace 17 años en Playa del Carmen expuso públicamente su versión sobre un conflicto legal que, asegura, se ha prolongado por más de cinco años y que actualmente es señalado en redes sociales y por algunos colectivos como un caso de violencia vicaria, situación que —afirma— ha derivado en presión social y mediática sobre las autoridades judiciales.
De acuerdo con su testimonio, el conflicto se originó en 2020 tras una denuncia por violencia familiar, lo que derivó en un proceso legal complejo relacionado con la custodia y el bienestar de su hijo menor. El padre, Ernesto Dembeza Repliego, sostuvo que a partir de dicha denuncia el menor fue ingresado de manera temporal a una casa de asistencia del DIF y posteriormente quedó bajo distintos resguardos familiares.
Explicó que en diciembre de 2020 un juez familiar le otorgó la custodia del menor; sin embargo, aseguró que tras conocer esta resolución, la madre del niño habría sustraído al menor del estado de Quintana Roo y lo trasladó a San Luis Potosí, presuntamente con la intención de modificar la jurisdicción del juicio bajo el argumento de una residencia que, afirmó, no correspondía a la realidad.
Según su versión, el litigio en San Luis Potosí se prolongó por casi dos años, periodo durante el cual las autoridades detectaron inconsistencias en los señalamientos y presuntas manipulaciones hacia el menor. Derivado de ello, el resguardo fue restituido y el niño regresó con él a Playa del Carmen.
El padre indicó que, una vez retomado el proceso en Quintana Roo, enfrenta una denuncia por violencia vicaria, señalando que no se le ha permitido presentar pruebas de descargo y que existe una presión político-social que, a su juicio, ha influido en el actuar judicial. Afirmó que esta situación ha generado una narrativa pública que no refleja la complejidad del caso ni el historial legal previo.
Finalmente, aseguró que durante los últimos tres años ha garantizado la convivencia del menor con su madre conforme a los mecanismos legales establecidos y que, según su dicho, ella no ha cumplido con obligaciones alimentarias. Subrayó que su postura no busca confrontación, sino proteger el interés superior del menor, quien actualmente es adolescente, y confió en que los procesos pendientes se resuelvan conforme a derecho, con imparcialidad y sin influencias externas.
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