Grisell Balderas Jonguitud, quien se identifica como víctima de violencia vicaria, procesal e institucional en Quintana Roo, mantiene desde hace varios días un plantón permanente en instalaciones del Poder Judicial del Estado, como medida de protesta para exigir justicia y la restitución de derechos para ella y sus hijos. La denunciante responsabiliza directamente a la Fiscalía General del Estado y al propio Poder Judicial por lo que considera una cadena de omisiones, retrasos y resoluciones irregulares que han prolongado su caso por casi seis años.
De acuerdo con Balderas Jonguitud, el plantón inició el 10 de diciembre en el Centro de Justicia para las Mujeres, luego de que no le fueran otorgadas medidas de protección dentro de carpetas relacionadas con violencia vicaria y violencia familiar. Ante la falta de respuesta, decidió trasladar su protesta al Poder Judicial, donde exige que se admitan pruebas y se lleve a cabo una audiencia con perspectiva de género e infancia, señalando que su presunto agresor enfrenta múltiples denuncias y procesos que, hasta ahora, no han derivado en una resolución definitiva.
La denunciante expuso que diversas audiencias han sido diferidas en repetidas ocasiones, incluso cuando ella se presenta puntualmente, y acusó un trato desigual dentro del sistema judicial. Afirmó que, de manera paralela, se abrió en su contra una carpeta como imputada por una denuncia de violencia familiar que —asegura— estuvo plagada de irregularidades y violaciones a derechos humanos, lo que derivó en la pérdida de la custodia de uno de sus hijos, pese a la existencia de peritajes que, sostiene, no fueron debidamente valorados por la autoridad.
Finalmente, Balderas Jonguitud señaló que su protesta busca visibilizar no solo su caso, sino el de muchas madres, niñas y niños que enfrentan situaciones similares en Quintana Roo. Afirmó que permanecerá en plantón hasta que se resuelva su situación jurídica y se garantice justicia para sus hijos, al tiempo que hizo un llamado a autoridades estatales y federales para que intervengan y aseguren procesos judiciales con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y protección a la infancia.
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