Tras los recientes hechos registrados en la carretera federal 307, Orlando Muñoz Gómez, segundo regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, fijó una postura clara respecto al operativo que liberó la vía luego de varias horas de bloqueo. El edil explicó que la intervención policial respondió a la necesidad de proteger a miles de personas afectadas, toda vez que si bien el derecho a manifestarse está garantizado, este no puede ejercerse vulnerando la movilidad, la seguridad ni los servicios esenciales de terceros.
Muñoz Gómez señaló que el cierre de la principal conexión carretera hacia los aeropuertos de Tulum y Cancún generó afectaciones graves a turistas, trabajadores y residentes, por lo que la autoridad estaba obligada a actuar con firmeza y bajo protocolos establecidos, aun cuando estas acciones puedan generar opiniones divididas entre la ciudadanía.
El regidor puntualizó que la protesta estuvo vinculada a la exigencia de liberar a un presunto extorsionador que operaba en asentamientos irregulares, donde líderes locales cobran cuotas abusivas aprovechándose de la necesidad de las familias. Subrayó que este tipo de prácticas vulneran la dignidad de los habitantes y que el municipio continuará actuando conforme a derecho para evitar que estos esquemas se perpetúen.
Asimismo, destacó la relevancia de la nueva Dirección de Vivienda, una instancia creada para atender la demanda habitacional con infraestructura adecuada y procesos claros, evitando repetir modelos desordenados que terminan generando redes de abuso y conflictos internos.
Finalmente, el regidor llamó a evitar que este tipo de hechos sean utilizados con fines electorales, advirtiendo que quienes intenten lucrar políticamente con las necesidades de la población enfrentarán las consecuencias legales correspondientes. Recalcó que la prioridad del gobierno municipal es mantener el orden, proteger a la ciudadanía y garantizar que la legalidad prevalezca en todo momento.
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