Cancún, 12 de mayo de 2022.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción Estatal dará vista a la Auditoría Superior del Estado dos contratos firmados por la Secretaría de Salud con la proveedora Vanessa Lizeth Vargas Flores, por más de 400 millones de pesos para insumos de COVID-19, debido a las múltiples sospechas que genera.
El Comité le envió a la Secretaria de Salud una serie de cuestionamientos sobre el empleo de esta proveedora, quien se dedicaba al comercio de calzados, pero que cambió sus actividades económicas al “comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio” apenas un día después de la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia.
Esta proveedora recibió seis contratos en 2020 de manera directa por 210 millones de pesos; en tanto que en 2021, al menos dos contratos de manera directa: uno por 119 millones de pesos y otro por 91 millones de pesos, de acuerdo a documentos.
Entre los cuestionamientos del Comité de Participación Ciudadana, está cuáles eran las capacidades técnicas de este proveedor, lo que el Sesa contestó que era una persona dedicada al comercio, lo que no fue considerado satisfactorio por el comité, en vista de la falta de experiencia de esta persona física en este ramo.
Aunque la Secretaría asegura que no le brindó a esta persona anticipos, no proporcionó algún estudio sobre la capacidad financiera de esta persona para proveer los bienes para los que fue contratada.
La dependencia estatal también indicó que le exigió fianzas a esta persona física, pero no proporcionó estos documentos, pese a que le fueron solicitados, sino que solamente envió copia de los contratos.
En entrevista Raúl Cázeres Urban, presidente del Comité de Participación Ciudadana, comentó que esta situación, en donde se le otorgan a una persona física sin experiencia en el ramo, contratos por cientos de millones de pesos, supone un riesgo de corrupción.
Cabe destacar que por ley está prohibida la subcontratación, lo que significa que, sin anticipo, esta persona tendría que haber proporcionado el material solicitado, con las especificaciones médicas requeridas, además de cubrir previamente millonarias fianzas, situación que luce poco probable.
Cázeres Urban indicó que ya existe una observación por estos contratos de parte de la Auditoría Superior Federal, por el ejercicio 2020, pero ellos como parte del Sistema Estatal Anticorrupción le darán parte a la Auditoría Superior del Estado para que investigue.
“Nosotros no podemos decir que ahí hay corrupción, sino que es un riesgo de corrupción; le corresponde a la Autoridad determinar lo ocurrido; nosotros somos ciudadanos”, aclaró.