El error de procedimiento cometido desde la XV legislatura, al declarar el inicio de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) desde la diputación permanente y no desde el pleno del Poder Legislativo, podría dejar sin efecto las sentencias y/o resoluciones emitidas desde enero de 2018.

Al resolverse el juicio de amparo 5263/2019 en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el ministro Luis María Aguilar Morales, aseguró que la constitución política de Quintana Roo facultó a la legislatura en pleno y no a la diputación permanente emitir la declaratoria de inicio de funciones  del TJA.

Ese juicio de amparo fue promovido por un particular, al cual desde el Tribunal de Justicia Administrativa le negó atender un caso aludiendo incompetencia y en el análisis se detectó el error de procedimiento legislativo,  por el cual en diciembre de 2017, la diputación permanente de la XV legislatura, encabezada por Eduardo Martínez Arcila, decretó el inicio de funciones y las facultades de los magistrados en justicia administrativa a partir de enero de 2018.

Con esta determinación, los juicios y sentencias en las que se involucra al TJA pueden quedar sin efecto si alguna de las partes lo solicita, al considerarse inconstitucional las funciones y atribuciones del tribunal en cuestión.

Ahí se atienden o atendieron casos importantes como los juicios por corrupción del gobierno de Roberto Borge y la irregular concesión para Aguakan, entre otros temas importantes.

Sobre el caso ya habló el presidente de la junta de gobierno y coordinación política, Renán Sánchez Tajonar, quien dijo desconocer los alcances, pues todavía no han sido notificados.

Mientras que el presidente del Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas, se deslindó al señalar que se trata de un asunto de competencia para el Congreso del Estado.