Claudia Romanillos, quien fue directora del IPAE en el gobierno de Roberto Borge, reapareció en escena, luego de que exhibió la ilegalidad del Tribunal de Justicia Administrativa que se ventiló la semana pasada.

El juicio de amparo concedido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se determinó la inconstitucionalidad del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, fue promovido por la ex titular del Instituto del Patrimonio de Quintana Roo, ahora Agepro, Claudia Romanillos.

Uno de sus abogados, Ángel Torres Fritz, confirmó el amparo de la justicia federal a favor de esta ex funcionaria, al demostrar la ilegal constitución de ese organismo y la negativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado para conocer su caso, a través de la sala constitucional del Poder Judicial.

De acuerdo con el abogado, Claudia Romanillos se salvó de enfrentar los cargos por acciones de ilegalidad administrativa de la que se le acusaban sin pruebas. Es un juicio que ella promueve para demostrar que nunca incurrió en ilegalidades; el origen del amparo que se le concede es porque se detectaron vacíos legales en la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa que no le dan certeza jurídica a sus juicios y sentencias.

Pueden tirar sentencias del Tribunal de Justicia

Ángel Torres Fritz confirmó que, junto con ministro ponente, otra ministra de la SCJN, advierte que cualquier persona que se sienta agraviada por alguna sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa, puede presentar algún recurso.

Es casi seguro que pueda revocarla por los vicios e irregularidades cometidas desde el poder legislativo en el decreto de inicio de funciones y las reiteradas acciones cometidas por los magistrados de ese Tribunal, cuyo origen debió ser el Pleno del Congreso del Estado, y no la comisión permanente en el que se votó y que le quita toda la legalidad para impartir justicia.

De acuerdo a ex funcionarios del gobierno de Carlos Joaquín González, en la administración de Roberto Borge se vendieron terrenos propiedad del estado a precios de remate a amigos y familiares del ex gobernador priísta.

La administración de esos bienes públicos recaía en el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) del que Claudia Romanillos era directora en los tiempos esa vendimia, por lo que ha tenido que pelear su inocencia en los tribunales hasta llegar a detectar el vacío del Tribunal de Justicia Administrativa que investigó esas ventas del IPAE.