Cancún.- Además de mantener el actual proceso de amparo contra la construcción de un cuarto muelle de cruceros en Cozumel, el colectivo ciudadano «Isla Cozumel» además prepara una denuncia colectiva por presuntas irregularidades en los procesos de análisis de impacto ambiental y licitación.

Claudia Cifuentes y Adrián Villegas, integrantes de este colectivo, acudieron hoy a las oficinas del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad, para una audiencia en torno al amparo que ingresaron (y por el que obtuvieron una suspensión definitiva), ocasión que aprovecharon para manifestarse de manera pacífica afuera de los juzgados, con cartulinas con mensajes en contra de este cuarto muelle.

Los activistas explicaron que desde el año pasado han luchado a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), para obtener información del proyecto, detectando múltiples irregularidades.

Una, por parte de la Semarnat, es el ocultamiento de información pública, porque al solicitarle ellos datos sobre la flora y la ubicación exacta del muelle, negaron tener esos documentos digitalizados, por lo que el colectivo tuvo que pagar para que le enviaran la versión impresa, la que tardó meses y llegó incompleta.

Tiempo después, en documentos obtenidos por transparencia de otra dependencia, había un oficio de la Semarnat, en la que daban una liga de internet con toda la información que habían negado tener, publicada desde hace dos años.

Este acto de mala fe concuerda con la consulta popular, realizada por formalidad y luego ignorada, acusaron.

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) de forma indebida otorgó esta concesión por adjudicación directa de manera indebida, ya que la empresa no tenía la concesión de la Zofemat ni era dueña de los terrenos contiguos, como lo marca la ley.

Hacienda no realizó estudio alguno para deterninar la viabilidad del proyecto, solo determinando estoncon base en los costos y los supuestos futuros ingresos.

Adrian Villegas afirmó que la denuncia será interpuesta para visibilizar estas omisiones y actos de corrupción, para que ya no vuelvan a darse estas malas prácticas, pues aunque la actual administración federal quiere acabar con esto, está claro que «no pueden controlar todo».

Por mientras, la suspensión sigue en pie, y solo la Semarnat ha contestado al requerimiento de información del juez.

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