Es necesario analizar los alcances de la Ley de Amnistía aprobada desde 2021 para aprovecharla y combatir el hacinamiento que existe en las cárceles de todo el Estado, urgió el diputado presidente de la comisión de derechos humanos, Guillermo Brahams González.

La Ley de Amnistía para el estado de Quintana Roo, aprobada y vigente desde 2021, continúa sin beneficios para la población carcelaria y se desconoce si cuando menos cuenta ya con un reglamento para su aplicación, reconoció el diputado presidente de la comisión de Derechos Humanos en la XVII Legislatura.

La ley podría ser un mecanismo que permita aliviar o resolver la grave sobrepoblación que se vive en las cárceles de Cancún, Chetumal, principalmente.

Advirtió que en esos centros  se ha dejado de tener la re adaptación social que se buscaba, y el hacinamiento es una de las principales causas para dejar de lograr ese objetivo y a cambio se mantienen como verdaderas universidades del crimen.

El legislador consideró la necesidad de revisar la situación legal de los internos, muchos de ellos esperando sentencia por años desde el llamado sistema «tradicional» de justicia, antes que pensar en construir una cárcel federal más grande en Quintana Roo.

Se comprometió a realizar la revisión necesaria a la ley de amnistía y en su caso promover la aprobación del pleno legislativo, para exhortar a las autoridades competentes, como la secretaria de seguridad ciudadana, la Fiscalía general del estado y el poder judicial para aplicarla en beneficio de la población que puedan ser sujeta a alcanzar su libertad cumpliendo las normas de esa ley.

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