Orvelín Montiel, integrante de la Unidad del Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), anunció la suspensión provisional de operaciones de una granja porcícola en Yucatán, tras un juicio de amparo iniciado a partir de la queja de niñas, niños y adolescentes de la comunidad de Santa María Chi, en Yucatán.
Además de las personas menores de edad, participaron otros miembros de la comunidad, quienes advirtieron que se trata de un asunto de salud.
La granja, en operación por más de 30 años con más de 170 hectáreas, se encuentra en una zona protegida en Santa María Chi, y en abril, la quema de excretas de cerdos generó diversas enfermedades en la población, especialmente entre niñas y niños.
“Se quemaron las excretas de los cerdos que empezaron a afectar justamente a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, en general de toda la población de ahí de Santa María Chi, este fuego se fue extendiendo y el 13 de mayo fue cuando empezaron a tomar medidas“, refirió.
Dijo que la comunidad cuenta con el respaldo de diagnóstico médicos sobre las afectaciones a su salud, los cuales fueron presentados en las audiencias de amparo.
Ante esta situación, la comunidad acudió a solicitar apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública e inició un proceso legal a través de un juicio de amparo.
El abogado dijo que solicitaron información vía transparencia sobre permisos y detalles relacionados con la granja, porque la que existía era escasa y no abonaba para iniciar el procedimiento, que luego pudieron realizar con las respuestas de información pública.
“Primero iniciamos solicitudes de información sobre algunos permisos, y a partir de ello, se propuso interponer este juicio de amparo. La demanda principalmente fue firmada por niñas, niños y adolescentes”, explicó.
La jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en Mérida admitió la demanda y concedió la suspensión provisional, fundamentándola en el interés superior de la niñez y las afectaciones a la salud y el medio ambiente.
La granja operaba en una reserva hidrológica, intensificando las preocupaciones por un posible peligro inminente, por ello en la próxima audiencia se determinará si es posible mantener la suspensión provisional, a la espera de una resolución definitiva.
Montiel subrayó la importancia de presentar pruebas y peritajes, considerando el impacto ambiental y las afectaciones a la salud, además de que destacó la lucha de la comunidad y la necesidad de considerar el principio de equidad intergeneracional al proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.
(Con información de Aristegui Noticias)