Quintana Roo.– Alrededor de 600 personas indígenas permanecen en prisión sin un proceso legal claro, muchas de ellas con más de un año detenidas sin conocer con precisión los delitos que se les imputan, denunció Quetzal Tzab González, presidente del Movimiento Indígena Maya Peninsular.


Explicó que la falta de intérpretes oficiales certificados es una de las principales causas de esta situación, pues aunque existen hablantes de lengua maya, la normatividad exige especialistas capacitados en materia jurídica. Actualmente, en todo el estado hay apenas entre cinco y seis intérpretes disponibles, cifra insuficiente frente a la gran cantidad de casos.


Tzab González señaló que esta carencia coloca a los indígenas en desventaja dentro del sistema judicial, ya que muchos no dominan el español ni los términos técnicos legales, lo que los hace vulnerables a ser utilizados como “chivos expiatorios”. A ello se suma la discriminación estructural que persiste en las instituciones.


El dirigente destacó la necesidad de formar intérpretes especializados en derecho penal, economía y otras ramas, además de garantizar un trato digno a los pueblos originarios.

Subrayó que el reto no recae únicamente en la preparación de la comunidad, sino también en la voluntad de la sociedad y las instituciones para reconocer y respetar la diversidad cultural en el marco de la ley

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