El colectivo Marea Verde ha obtenido del Poder Judicial Federal cinco amparos para obligar al sector salud a brindar la interrupción del embarazo, sin embargo, han tenido que otorgar ellas mismas la atención, ante los pretextos y retrasos impuestos a las pacientes desde la Secretaría de Salud (SESA).

Desde octubre de 2022 con las reformas al código penal para despenalizar la interrupción del embarazo en Quintana Roo, las autoridades del sector salud del estado se comprometieron a brindad servicios de “aborto seguro” en la clínica integral de Isla Mujeres, el hospital de Chetumal, sin que hasta la fecha se haya cumplido esa promesa.

Yunidzilin Rodríguez Pedraza, representante local de Marea Verde, dijo que amparos se promovieron y obtuvieron ante la negativa del personal encargado de esos servicios, quienes argumentan la falta de los insumos o kits químicos para inducir la interrupción de embarazo.

Acuden al sector privado

A pesar de los mandamientos judiciales los procedimientos se llevaron a cabo en clínicas particulares, apoyados por los colectivos feministas, dado que la resolución de los juicios tarda entre 8 y nueve meses, y para ese tiempo el embarazo ya hubiera terminado con el nacimiento del producto en gestación.

Hasta le fecha el sector salud no concedido atención a ningún caso, a pesar de las decenas de solicitudes que se presentan mensualmente.

Se excusan, en la SESA, en la corta edad de las pacientes o que se trata de personas que nunca han sido madres, además de repetir la falta de médicos, espacios o insumos para realizar esas intervenciones, con lo que también se violenta la libe decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

Desde los colectivos feministas que conforman Marea Verde en Quintana Roo se advirtió la muy baja inversión del gobierno federal para este tipo de servicios en 2023 al destinar a penas 1.9 millones de pesos, unos 158 mil pesos al mes, por demás insuficientes.