Ciudad de México. – Víctor Lamoyl Bocanegra, director del Banco de Bienestar, informó la cancelación de un contrato por 18 mil 313 millones de pesos a la firma del empresario costarricense, Alfredo José Urcuyo Fernández, para los servicios de administración de las operaciones y transacciones bancarias de tarjetas de crédito o débito del Banco del Bienetar.
“El 21 de diciembre de 2021 se determinó dar inicio el procedimiento de rescindió dicho contrato, con apego a la normatividad en materia de adquisiciones”, dijo el directivo del banco impulsado por el presidente de la República para bancarizar a todas las regiones de México.
“Con fecha de 14 de enero de 2022 se resolvió la rescisión de contrato y el Banco dio aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, señaló el director general del Banco del Bienestar.
Forbes México informó que Banco de Bienestar había subcontratado los servicios para la bancarización y la inclusión financiera de los usuarios del banco de desarrollo con Bahud Processing México, una empresa creada en 2018 por Alfredo José Urcuyo Fernández y la compañía mexicana Global Recash.
Según el contrato adjudicado de manera directa por el Banco del Bienestar que en ese momento estaba a cargo de Diana Álvarez Maury, la subcontratación de servicios asignada a Alfredo José Urcuyo Fernández, dueño de la empresa panameña Global Recash, tendría una vigencia de 39 meses, es decir, duraría hasta finales de 2024.
La cancelación del contrato de outsourcing para que se encargue de la operación bancaria es la segunda que tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Hace 16 meses después, el Banco del Bienestar declaró que no contaba con dinero ni los recursos financieros suficientes para adquirir cajeros automáticos a la empresa Vivcolmex.
“Al 29 de julio de 2020, el Banco del Bienestar no cuenta con recursos propios para hacer frente a este contrato, ya que actualmente está enfocado en cumplir con su plan de expansión y construcción de 2 mil 704 sucursales bancarias”, dice el dictamen de Justificación de Terminación Anticipada del Contrato firmado entre la institución de la banca social y Vivcolmex.
Financiamiento irregular
“El servicio para el que fue contratado Vivcolmex no se prestó en virtud de que el Banco del Bienestar no formalizó ni recibió recursos por parte de la Secretaría del Bienestar”, señala el reporte firmado por Raymundo Eugenio Peralta Herrera, director general Adjunto de Tecnología y Operación de la institución financiera.
En el documento se argumenta que continuar con el servicio contratado por 10 millones de pesos con la compañía Vivcolmex habría ocasionado una afectación a las funciones del Banco del Bienestar. Esa fue una de las primeras acciones realizadas por Diana Álvarez Maury, quien el 22 de junio de 2020, sustituyó a Rabindranath Salazar Solorio, al frente de esta institución responsable de dispersar la mayor cantidad de apoyos sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Detrás del contrato entregado al empresario costarricense está Alfredo Orellana Moyao, asesor de la Dirección General del Banco del Bienestar.
El asesor de Diana Álvarez Maury estudió la licenciatura en derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e ingresó al servicio público en 2003 a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Orellana Moyao trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como coordinador de asesores en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) asumió el cargo el 15 de diciembre de 2012, por lo que en sus manos tuvo el caso Monex por presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, presentó su renuncia un año y siete meses después. Sobre el tema, legisladores de oposición aseguraron que su intempestiva renuncia como titular de la Fiscalía tuvo la finalidad de dar carpetazo a las investigaciones.
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Su percepción mensual bruta al interior del Banco del Bienestar, así como la información de su contratación no es pública, pues según fue contratado por la vía del outsourcing.