Chetumal, 22 de febrero de 2022.- El Estado y los ayuntamientos carecen de los elementos legales y el dinero para revocar el contrato de esa concesionaria. Abordar la revocación es un tema que sólo sirve para engañar a los electores.
Así lo reconoció Eduardo Martínez Arcila, diputado panista, al referirse a las implicaciones negativas para la población en este tema.
El contrato de concesión fue otorgado hasta 2053 a la empresa Aguakanen cuatro municipios del norte estado. Difícilmente podrá ser revertido antes de ese año. Es más viable obligarlo a que cumpla con las cláusulas y otorgue un buen servicio a la población.
La promesa de retirar esta concesión otorgada en la administración de Roberto Borge, no es más que un engaño y bandera política de candidatos.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso advirtió la necesidad de contar con millones de pesos y elementos legales. Sólo así los ayuntamientos de los municipios donde opera, podrían rescindir el contrato y echar para afuera a la empresa.
La CAPA tampoco cuenta con los recursos necesarios para entrar a cubrir el suministro de agua en Benito Juarez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Mejorar la infraestructura requiere de millonarios recursos anuales.