Felipe Carillo Puerto.- La presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, interpuso hoy ocho denuncias penales en contra de su antecesor, José Esquivel Vargas, alias “Chac Meex”, contra el ex tesorero y contra quien resulte responsable, por un quebranto financiero de más 83 millones de pesos, además de anunciar que solicitará además juicio político contra el perredista.

Entrevistada a su salida de la Fiscalía General del Estado(FGE), la munícipe de Morena reveló que ya desde el pasado 29 de noviembre, al concluir los 60 días naturales del proceso de entrega recepción, ya entregó a la Auditoría Superior del Estado una relación de las anomalías detectadas en el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, las que serán complementadas por cada dependencia municipal.

A esto se añaden hoy las ocho denuncias penales, entregadas a la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, las que también serán hechas del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado, y del Congreso del Estado, a través de una solicitud de juicio político.

Dos denuncias son por presuntos malos manejos con el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS, federal). El primero es por 13 millones 100 mil pesos por obras ejecutadas, pero no pagadas a los contratistas. El segundo es por 45 millones 900 mil pesos de este fondo que llegaron etiquetados, pero que fueron desviados a otra cuenta.

Las otras denuncias son por irregularidades en el pago del Impuesto Sobre la Renta, por 3.4 millones de pesos; por facturaciones por servicios simulados con empresas fantasmas, por 18 millones 352 mil pesos; y además por la aprobación de un bono ilegal por parte del anterior Cabildo hacia ellos mismos, por 2 millones 200 mil pesos.

El total de estas denuncias es superior a los 83 millones de pesos, pero el quebranto financiero detectado, hasta ahora, es por 143 millones de pesos, lo que significa que interpondrán más denuncias en el futuro.

Al involucrar fondos federales, la edil afirmó que en los próximos días viajará a la Ciudad de México a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El proceso inició en la contraloría municipal

“Hay indicios para acreditar responsabilidad penal, política y administrativa, por los probables delitos de peculado, cohecho, abuso de funciones, contratación indebida y desvío de recursos público”, declaró Mary Hernández.

La edil señaló que hasta ahora no ha tenido contacto con “Chac Meex”, quien “tendrá que enfrentar a la ley, con sus abogados”.

Todo el proceso inició en la contraloría municipal, aclaró, en donde se han realizado varias comparecencias. Incluso hoy le tocaba acudir a la ex directora de obras públicas.

La presidente municipal señaló que su administración cumple con su obligación de ley e informa a la ciudadanía de ello, pero ahora esta materia queda en manos de la Auditoría, la Fiscalía y el Congreso del Estado, a quienes exhortó a que manejen estos asuntos con transparencia.

“Son denuncias que pueden tardar años, pero nosotros quisimos hacer públicos estos hechos que están dados como delitos graves”, comentó.

Su administración ya ha ido cubriendo los pendientes dejados por el gobierno de José Esquivel, lo que incluye la nómina atrasada y el pago del ISR. Todavía toca revisar los laudos heredados.

El Ayuntamiento ha solicitado un empréstito por 25 millones de pesos para cubrir las obligaciones de fin de año, el que espera caiga esta semana.

Existe un riesgo de que la Federación solicite el reintegro de los recursos por obras no ejecutadas, por lo que ya dialogan con las empresas contratadas para llevarlas a cabo, señaló.

En cuanto al bono, Mary Hernández, quien era regidora en la pasada administración, aclaró que ella no fue convocada, al igual que otros dos regidores de oposición. Su firma no figura en ningún acta ni en las cuentas públicas, que pasaron sin proceso de entrega recepción.

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“Tenían la sospecha cuando era presidente electa (del bono) por comentarios, pero no tenía los elementos”, explicó.

Los ocho integrantes del Cabildo que avalaron este pago posiblemente tendrán que enfrentar las responsabilidades administrativas y penales que de allí derivan.