Como parte del proceso de regularización del comercio ambulante en Playa del Carmen, la Dirección de Fiscalización y Cobranza dio de baja mil 500 permisos que habían sido otorgados de manera irregular, al tiempo que reforzó la entrega de nuevos tarjetones y la actualización del padrón de vendedores autorizados.
Paralelamente, la dependencia mantiene las inspecciones a establecimientos comerciales y llamó a los contribuyentes a seguir los procedimientos oficiales ante cualquier inconformidad, luego de la difusión en redes sociales de videos que exhibieron presuntos malos tratos por parte de inspectores.
Al respecto, Julián Lara Maldonado, director de dicha dependencia, informó que el objetivo principal del programa fue ordenar el comercio en la vía pública para que los vendedores contaran con expedientes completos y permisos vigentes, en el que actualmente prácticamente el 100 por ciento de los comerciantes ambulantes regularizados ya dispone de la documentación correspondiente, aunque reconoció que se trata de un sector dinámico en el que constantemente surgen nuevas solicitudes de personas que buscan emprender o instalar tianguis.
El funcionario sostuvo que la dependencia mantiene una vigilancia permanente para evitar que los comerciantes invadan banquetas, paraderos de transporte público, parques y otros espacios comunes, buscando mantener el orden sin dejar de atender las necesidades de quienes obtienen su sustento mediante el comercio informal, ya que el municipio busca equilibrar el derecho al trabajo con la preservación del espacio público y el respeto a la actividad del comercio establecido, toda vez que en Playa del Carmen existe un padrón estimado de entre 14 y 18 mil establecimientos comerciales, además de un universo de entre 2 y 3 mil comerciantes ambulantes que continúan siendo objeto de supervisión y ordenamiento.
Respecto a las inspecciones realizadas a negocios formales, especialmente tras la circulación de videos en redes sociales donde se cuestionó el actuar de algunos fiscales, Lara Maldonado señaló que estas revisiones forman parte de las obligaciones establecidas para cada ejercicio fiscal y pidió a los comerciantes permitir el desarrollo de las diligencias.
De modo que, cualquier observación puede asentarse en el acta correspondiente y que, en caso de considerar que existió alguna irregularidad durante la inspección, los contribuyentes cuentan con seis días hábiles para acudir a las oficinas de la dependencia, donde se revisará cada caso de manera personalizada.