Las autoridades municipales deben pasar del diálogo a la aplicación de sanciones contra las empresas de energía, telefonía, televisión por cable y desarrolladoras que continúan afectando la infraestructura urbana de Playa del Carmen, afirmó Juan Humberto Novelo Zapata, décimo tercer regidor y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afro-Mexicanos.
El concejal señaló que la ciudad sigue registrando problemas como registros destapados, cableado sobre la vía pública, banquetas y vialidades dañadas, así como deficiencias en el mantenimiento de infraestructura, situaciones que representan riesgos para peatones y automovilistas.
Novelo Zapata informó que recientemente se llevó a cabo la octava mesa de trabajo con representantes de las empresas involucradas, donde las dependencias municipales recibieron instrucciones para comenzar los procedimientos administrativos contra quienes incumplan con la normatividad.
Explicó que, pese a los acuerdos alcanzados durante estos encuentros, diversas compañías no han corregido las irregularidades detectadas ni han atendido de manera adecuada los requerimientos formulados por la autoridad municipal.
El regidor indicó que entre las principales problemáticas persisten las fallas en el suministro eléctrico, el cableado en malas condiciones y la presencia de registros abiertos o sin tapas en distintos puntos de Playa del Carmen.
Asimismo, aseguró que algunas empresas realizan trabajos de instalación sin contar con los permisos correspondientes, por lo que consideró necesario que las dependencias municipales actúen con mayor firmeza para garantizar el cumplimiento de la ley.
Juan Humberto Novelo Zapata añadió que la problemática relacionada con tapas de registro dañadas o ausentes continúa presente en diversas colonias y avenidas del municipio, a pesar de los anuncios realizados por la Comisión Federal de Electricidad sobre inversiones para atender este tema.
Finalmente, sostuvo que las empresas desarrolladoras también deben asumir la responsabilidad de reparar las vialidades y la infraestructura que deterioran durante la ejecución de sus obras, al considerar que mantener espacios seguros y una adecuada imagen urbana es una responsabilidad compartida entre las autoridades y el sector privado en beneficio de la ciudadanía.
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