La Dirección de Fiscalización anunció que se encuentra en marcha un proceso para la cancelación de aproximadamente mil 500 permisos de comercio ambulante que fueron otorgados de manera irregular en administraciones pasadas.
El director del área, Julián Lara, explicó que durante años se permitió un crecimiento desordenado del comercio en la vía pública, derivado de la entrega indiscriminada de permisos que no cumplían con el reglamento vigente, el cual establece que solo las personas en situación de vulnerabilidad pueden acceder a este tipo de autorizaciones.
Detalló que, tras una revisión preliminar, se detectó que únicamente alrededor del dos por ciento de los permisos actuales cumple con dicho criterio, lo que motivó una auditoría integral. Como parte de la nueva política, las personas que realmente se encuentren en condición vulnerable no deberán pagar por el permiso y serán prioridad para conservar su fuente de ingresos.
En contraste, quienes ejerzan actividades comerciales sin acreditar dicho perfil deberán regularizar su situación y contribuir de manera equitativa, conforme a la normatividad aplicable.
Lara señaló que esta medida responde a un compromiso de la presidenta municipal Estefanía Mercado, ya que anteriormente la Dirección de Comercio únicamente tenía facultades para expedir permisos, pero no para supervisarlos, lo que generó falta de control y coordinación institucional.
Con las recientes modificaciones al reglamento, la Tesorería solo verificará la documentación administrativa, mientras que la Dirección de Fiscalización asumió plenamente las funciones de revisión, supervisión y cancelación de permisos.
Finalmente, aseguró que el objetivo de estas acciones es mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y evitar el acoso al visitante, trabajando de manera coordinada con comerciantes, sindicatos y distintas dependencias para lograr un orden justo en el uso del espacio público.
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