Gustavo Petro ha cedido este domingo por la noche a las exigencias de Donald Trump y ha accedido recibir vuelos con deportados a cambio de que Estados Unidos no le imponga a Colombia un arancel del 25% a sus importaciones. “El Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras”, ha informado en comunicado la Casa Blanca.
Las sanciones están redactadas, según Washington, y se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos “de que Colombia no cumpla con este acuerdo”.
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha sido el encargado de anunciar en Bogotá que la crisis había sido superada, “Hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos.
En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel para hacer seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos.”.
Trump ordenó gravar con un 25% todos los productos colombianos y elevar la medida a un 50% dentro de una semana. El magnate inmobiliario demostró que no le tiembla el pulso a la hora de cumplir con sus amenazas. No fue hasta última hora del día que este enfrentamiento diplomático quedó zanjado.
Trump había reaccionado de esta manera por la decisión del Gobierno colombiano de no permitir aterrizar por la mañana en Bogotá a dos aviones militares que transportaban a colombianos deportados.
Gustavo Petro lo justificó asegurando que no los aceptará hasta que Estados Unidos no establezca protocolos para tratar a los inmigrantes “con dignidad y respeto”.
A las sanciones económicas había sumado restricciones bancarias y fiscales y la revocación de los visados de los funcionarios del Gobierno.