El Congreso del Estado ha tomado las riendas del caso Aguakan en busca de hacer valer la voluntad ciudadana expresa en la consulta popular de junio del año pasado, para retirar la concesión a la empresa Aguakan, y echarla fuera de los municipios de la zona norte donde hoy presta el servicio, en particular Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde se determinó vinculante dicha consulta.

El diputado morenista, Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión Transitoria Especial para el seguimiento y atención a los temas referentes de las concesiones de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., mejor conocida como Aguakan, dio a conocer que se encargarán de establecer el procedimiento mediante el cual se actuará por la vía legal.

En este sentido, advirtió que habrá todo un proceso de investigación y deslinde de responsabilidades en contra de los involucrados y responsables para llegar hasta las últimas consecuencias.

Dijo se llamará a rendir cuentas a los ex alcaldes y ex diputados que aprobaron la extensión de la concesión en 2014, a finales del gobierno de Roberto Borge Angulo, a cambio de una aportación de mil 55 millones de pesos por parte de la citada empresa, para conocer a fondo las justificantes.

Incluso no descartó llamar al mismo ex gobernador Mario Villanueva Madrid, que, de origen, en el año de 1994, entregó en manos de Aguakan el servicio de agua potable de la ciudad de Cancún, bajo argumento de incapacidad financiera y operativa por parte del Gobierno del Estado y la administración estatal en turno.