Existen procedimientos penales y administrativos vigentes en contra de taxistas de Cancún que infringieron la ley y reglamento, al agredir a operadores de UBER y participar en el bloqueo a la zona hotelera de Cancún el 23 de enero pasado, confirmó la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez.

En lo que corresponde a Movilidad y mientras se llevan a cabo las investigaciones, ya se han suspendido algunas concesiones, las cuales apuntan a la rescisión.

Detalló que existen demandas ya interpuestas que se están atendiendo por dos vías, dado que por el tema de agresiones son del orden penal que toca resolver a la Fiscalía General del Estado.

Las de carácter administrativo corresponden al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, desde donde se permite la garantía de audiencia y llamar a las partes involucradas para el desahogo de pruebas y actuar en consecuencia.

Cristina Torres sostuvo que en ambos casos, tanto en la Fiscalía como en el Imoveqroo, hay carpetas de investigación abiertas, y ninguna se ha detenido.

De acuerdo con información, son alrededor de 20 concesiones del servicio de transporte público en la modalidad de taxi que están en la tablita y podrían ser rescindidas por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.